La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, como cofirmantes, presentaron una denuncia penal contra el Gobierno nacional por el delito de sedición y traición a la Patria tras su desobediencia a la Corte Suprema de Justicia que falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de los fondos de coparticipación. 

Según indicaron, el hecho denunciado se encuentra previsto en el artículo 230 inciso 2 del Código Penal que reza: “Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años:  Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código”. 

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"Desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional. ¡Tienen que ir presos! Con @FerIglesias y Sabrina @Ajmechet presentamos una denuncia por el delito de sedición y traición a la Patria", publicó Bullrich en su cuenta de Twitter. 

"La desobediencia al fallo de la Corte no puede quedar impune. Quienes son sus cómplices o ejecutores deben sentir el peso de la ley. Se lo decimos al Presidente, a los gobernadores y a @SergioMassa y @SilvinaBatakis. Como sugiere el tango: piénsenlo bien!", agregó Fernando Iglesias. 

La denuncia comprende al Presidente y a los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof; de Catamarca Raúl Jalil; del Chaco Jorge Capitanich; de Chubut Mariano Arcioni; de Entre Ríos Gustavo Bordet; de Formosa Gildo Insfrán; de La Pampa Sergio Ziliotto; de La Rioja Ricardo Quinquella; de San Juan Sergio Uñac; de San Luis Alberto Rodriguez Saá; de Santa Cruz Alicia Kirchner; de Santiago del Estero Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego Gustavo Melella; de Tucumán Osvaldo Jaldo; de Río Negro Arabela Carreras; de Misiones Oscar Herrera Ahuad; de Neuquén Omar Gutierrez y de Salta Gustavo Saénz

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“La sedición ha quedado configurada a nuestro entender al momento en el que se dieron a publicidad el comunicado y los comentarios por los que los distintos funcionarios suscriptores del mismo, han dejado claro no solo que no se está de acuerdo con el fallo, algo que resulta comprensible frente a cualquier decisión judicial que se puede o no compartir, sino que no se está dispuesto a cumplir lo que la Corte ha ordenado, inclusive instigando a la desobediencia, cosa que resulta absolutamente inaceptable en un estado de derecho”, dice el texto de la denuncia. 

“Además de un perjuicio financiero, es una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma y resquebraja la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo”, continúa y luego aclara: “el fallo no implica, de ninguna manera, detraer fondos de coparticipación de las provincias”.